El acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales, pero la disponibilidad de recursos hídricos es finita y depende de factores como:
España se encuentra en una de las zonas más afectadas por la evolución del cambio climático, lo que podrá empeorar desafíos actuales:
país de la UE en nivel de estrés
(~42%)
Baja eficiencia en la gestión del recurso
Una de las tarifas más bajas de la UE
80%
usos agrarios
15,5%
usos domésticos
Amplio marco normativo y disfunciones de adaptación al derecho comunitario en coherencia con la nueva legislación para la adaptación al cambio climático.
Necesidad de incluir la previsión de impactos del cambio climático y de revisar la transposición del concepto de “uso sostenible”.
Multitud de agentes implicados y competencias distribuidas o compartidas entre distintas administraciones. La gestión generalizada está en manos de administraciones públicas, pero casi la mitad de la población es atendida por empresas de agua privadas o mixtas público-privadas.
La fragmentación o descentralización de la gestión requiere coordinación, y a veces puede haber conflictos de competencias.
Aunque existen mecanismos de participación ciudadana, aún existe el reto de una participación efectiva y significativa de la sociedad.
El régimen fiscal del agua no se ha modificado desde la Ley de Aguas de 1985.
El régimen fiscal del agua no se ha modificado desde la Ley de Aguas de 1985. Los instrumentos principales de recuperación de costes de los servicios prestados son el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, que no permiten la recuperación de los costes ambientales y otros relacionados con la gestión del dominio público hidráulico, así como los costes para la protección y restauración del buen estado de las masas de agua.
40%
de la población española en los últimos 50 años
Demanda
de agua
por la aparición de nuevos usos
Recursos
disponibles
por el cambio climático: aumento de la temperatura, disminución de las precipitaciones y aumento de los fenómenos extremos
Construcción y reacondicionamiento de infraestructuras para que sean más robustas y flexibles
Medidas de conservación y protección de los acuíferos
Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas que potencie la resiliencia a las sequías
Medidas para conservar o recuperar los ecosistemas de humedales
Políticas que reduzcan la exposición al riesgo y que mejoren la resiliencia en el ámbito urbano y rural
Inversión en infraestructuras nuevas, en renovación de las existentes y en la mejora de su eficiencia.
Tanto en el sector del ciclo urbano como en el regadío, y para protección del medio ambiente.
Adecuación de los precios en todos los usos, que permita contribuir a paliar el déficit de inversión y cumplir con la normativa (DMA) respecto a la recuperación de costes.
Revisión del sistema de concesiones.
Impulso a un enfoque de economía circular que optimice el uso del recurso.
Abordar los problemas derivados de la alta fragmentación de competencias en el modelo de gestión.
Crear un ente regulador del ciclo urbano, desarrollo de metodologías comunes para el cálculo de tarifas, creación de un Fondo Nacional de Agua que facilite la inversión.
Fomento de la colaboración público-privada y aumento de la transparencia.
Impulso a la investigación e innovación.
